La creciente preocupación mundial por la crisis climática y la sostenibilidad medioambiental ha incrementado los esfuerzos para combatir las prácticas engañosas que ocultan la verdadera huella medioambiental de productos y servicios. Una de estas prácticas es el "lavado verde", término que describe las acciones de empresas que se promocionan como concienciadas con el medio ambiente, pero cuyas acciones no se corresponden con sus afirmaciones.
Según datos de la Comisión Europea, el 53% de las alegaciones ecológicas ofrecen información vaga, engañosa o infundada, el 40% de las alegaciones carecen de pruebas, la mitad de las etiquetas ecológicas ofrecen una verificación débil o inexistente y en la UE hay 230 etiquetas de sostenibilidad y 100 de energía verde, con niveles de transparencia muy diferentes.
Para hacer frente a este problema, el Parlamento Europeo adoptó el 17 de enero un nuevo texto relativo a la cuestión del "lavado verde" y las prácticas comerciales que se consideran engañosas y deben prohibirse. El objetivo de esta propuesta de directiva, que aún no ha sido publicada oficialmente, es fomentar la transparencia medioambiental, reforzando la confianza de los consumidores en las afirmaciones medioambientales de las empresas y promoviendo una competencia más leal en el mercado.
Este nuevo texto de la directiva, cuyo principal objetivo es capacitar a los consumidores para la transición ecológica, define criterios y normas para las alegaciones medioambientales y prohíbe las declaraciones engañosas o no probadas sobre la sostenibilidad de productos y servicios, como "respetuoso con el medio ambiente", "natural", "biodegradable", "neutro para el clima" o "eco". Este tipo de afirmaciones tampoco deben aplicarse cuando se utilizan únicamente sobre la base de compensar las emisiones de gases de efecto invernadero.
De este modo, las empresas estarán obligadas a aportar pruebas concretas que demuestren sus alegaciones medioambientales, lo que ayudará a los consumidores a tomar decisiones con mayor conocimiento de causa.
Hemos asistido a una proliferación de etiquetas de sostenibilidad, una situación que no permite comparar los datos y que ha causado confusión entre los consumidores. Esta propuesta identifica la necesidad de normalizar los sistemas oficiales de certificación, establecidos por las autoridades públicas, que se exigirán en la UE, y propone mecanismos estrictos de control para garantizar el cumplimiento de la normativa. Este control debe ser realizado por una organización tercera cuya competencia e independencia del propietario del sistema y del comerciante esté garantizada sobre la base de normas y procedimientos internacionales, de la UE o nacionales, por ejemplo demostrando el cumplimiento de las normas internacionales pertinentes, como la ISO 17065 "Evaluación de la conformidad - Requisitos para los organismos que realizan la certificación de productos, procesos y servicios" o a través de los mecanismos previstos en el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Otro aspecto crucial será promover la educación y concienciación de los consumidores sobre las prácticas sostenibles y sobre cómo identificar el lavado verde. Se pondrán en marcha campañas de sensibilización para informar a los consumidores sobre las trampas del lavado verde y fomentar opciones de consumo más sostenibles.
También fomenta la colaboración entre los sectores público y privado, así como con organizaciones no gubernamentales, para desarrollar normas comunes y buenas prácticas que apoyen la transparencia medioambiental y la responsabilidad corporativa.
Esta nueva ley tiene otro objetivo en relación con la durabilidad de los productos: la información sobre la garantía tendrá que ser más visible y habrá una nueva etiqueta armonizada para destacar los productos con un periodo de garantía ampliado.
La nueva directiva debería funcionar en tándem con la Directiva de Alegaciones Verdes, aún en debate en la comisión parlamentaria, que será más específica y elaborará con más detalle las condiciones de uso de las alegaciones medioambientales.
La propuesta de directiva europea para combatir el lavado verde representa un paso significativo en la dirección correcta para garantizar que las alegaciones medioambientales sean auténticas y fiables. Al fomentar la transparencia y la responsabilidad, esta legislación protege a los consumidores e impulsa la transición hacia una economía más sostenible y consciente.
